KCUR | By Zane Irwin
Published March 22, 2025 at 4:28 PM CDT
Kansas votó abrumadoramente por el presidente Donald Trump. Entonces, ¿por qué muchas autoridades locales dudan en ayudar a su administración a llevar a cabo sus objetivos de política migratoria?
En los primeros 50 días de la nueva administración del presidente Trump, ICE dijo que hizo más de 32,000 arrestos relacionados con la inmigración en comunidades de todo el país, casi la misma cantidad que en todo el año 2024.
Pero esa tendencia no parece haber llegado a Kansas. A pesar de los rumores en línea sobre redadas de inmigración, las autoridades le dijeron al Kansas News Service que no hay evidencia de que se hayan llevado a cabo acciones importantes de la aplicación de ley en el estado, en lo que va de este año.
Las autoridades de inmigración se están concentrando en estados como Florida y Texas, que tienen más residentes que carecen de estatus legal permanente que Kansas.
Pero esa no es la única razón. Las agencias federales necesitan la ayuda de las fuerzas del orden locales para lograr su objetivo de realizar arrestos y deportaciones generalizadas, y muchos departamentos de policía y oficinas del sheriff en Kansas dudan en ayudar,
Este año, a petición del fiscal general del estado, Kris Kobach, un comité del Senado presentó un proyecto de ley que obligaría a las agencias locales de la ley a colaborar con ICE.
Los acuerdos 287(g), como se les conoce, son programas voluntarios que otorgan a las fuerzas de seguridad locales poderes que generalmente están reservados para las autoridades federales de inmigración.
La oficina del fiscal general del estado ordenó en febrero a la Oficina de Investigaciones de Kansas (Kansas Bureau of Investigation-KBI) a entrar en un acuerdo de este tipo. Pero solo unos pocos oficiales de la KBI estarían involucrados, mucho menos que los cientos de agentes locales que habrían tenido que participar en la aplicación de la ley de inmigración bajo el mandato estatal propuesto.
El proyecto de ley enfrentó una resistencia inmediata por las asociaciones policiales . Después de dos audiencias canceladas, ya no está en consideración a medida que la sesión legislativa se acerca a su fin.
Mandatos similares aprobados en Florida y Georgia fracasaron en Kansas. Es un obstáculo clave para la ambición declarada de la administración Trump de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia de nuestro país”.
‘Multiplicadores de fuerza’
Los acuerdos 287(g) provienen de una ley de 1996, pero han evolucionado desde entonces. Una de las muchas órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump firmó el primer día de su regreso a la Casa Blanca instruyó al Departamento de Seguridad Nacional que ampliara el programa al mayor número posible de fuerzas de seguridad locales.
Desde enero, más de 220 agencias adicionales de ciudades, condados y estatales se han inscrito para colaborar con ICE, con docenas más pendientes de revisión.
Pero no todos los acuerdos 287(g) son iguales. Algunos son más limitados, y solo capacitan a los oficiales locales para emitir órdenes de arresto relacionadas con inmigración para personas que ya han sido arrestadas por otros motivos. Otros contratos facultan a la policía para interrogar a los detenidos sobre su estatus de ciudadanía.
El acuerdo más amplio es el “Task Force Model“. ICE describe este programa como un “multiplicador de fuerza”, capacitando al personal de las fuerzas del orden locales para interrogar, detener y arrestar a cualquiera que sospechen de residir ilegalmente en el país. El programa tiene más de 130 entidades participantes en todo el país.
Los grupos de defensa de los inmigrantes llevan mucho tiempo denunciado los programas 287(g), especialmente las fuerzas de tarea, diciendo que facilitan el perfil racial y socavan la confianza en las autoridades locales.
Algunas de las mismas críticas provienen de los propios oficiales de las fuerzas policiales del orden locales, como el sheriff del condado de Sedgwick, Jeff Easter.
Él dijo que no hay suficientes oficiales federales de inmigración para llevar a cabo detenciones o deportaciones generalizadas o de personas que viven ilegalmente en el país.
“Y por eso están tratando de recurrir a las fuerzas del orden locales para empezar a hacer básicamente el trabajo de ICE”, dijo en una entrevista con el Kansas News Service.
Después de que los legisladores de Kansas presentaran el proyecto de ley que habría obligado a las oficinas del sheriff, como la suya, a trabajar con ICE, el sheriff Jeff Easter expresó sus preocupaciones: de que ya se siente corto de personal para hacer cumplir la ley penal, y ni hablar de la aplicación de leyes federales civiles fuera de su jurisdicción habitual
El proyecto de ley del Senado, de dos páginas, no especifica qué tipo de acuerdo sería requerido, ni proporciona fondos para compensar los costos adicionales. Los departamentos que no cumplieran la norma perderían fondos estatales como castigo.
El sheriff del condado de Wyandotte, Daniel Soptic, dijo que no estaba listo para pronunciarse sobre la posibilidad de entrar, o ser obligado a entrar, en un acuerdo 287(g). Pero compartió las preocupaciones de Easter sobre los recursos limitados.
“Es difícil asumir deberes adicionales que van a disminuir aún más el número de personal disponible “, dijo, “cuando ni siquiera tengo suficiente personal para empezar”.
La creciente escasez de policías a nivel nacional, pareció disminuir en 2023, aunque los departamentos grandes todavía están reclutando menos oficiales en promedio de lo que lo hacían antes de la pandemia. Los legisladores de Kansas están considerando un proyecto de ley que reduciría de 21 a 20 años la edad mínima para el reclutamiento y entrenamiento policial.
Más allá de los costos administrativos, algunos temen que los acuerdos 287(g) puedan exponer a las fuerzas de seguridad locales a costosas demandas judiciales. Los agentes federales disfrutan de formas de protección legal que los funcionarios de la ciudad y el condado no tienen.
Easter dijo que existen riesgos legales potencialmente costosos si un oficial comete un error al hacer cumplir políticas con las que no está familiarizado.
“Se presentaría una demanda contra mí y la oficina del sheriff. Y si perdemos, entonces será el dinero de los contribuyentes el que pague por ello”, dijo.
La policía advierte que también podría haber costos no materiales al asociarse con ICE.
En el condado de Finney se encuentra la Ciudad de Garden City al suroeste de Kansas. Es una comunidad donde el censo estima que el 13% de la población no son ciudadanos. El sheriff Steve Martinez dijo que las fuerzas del orden locales se basan en la confianza cuando tratan con esa población.
“No queremos que la gente tenga miedo de llamarnos si necesita ayuda”, dijo.
Y sin importar que tan simpatizante sea un sheriff o un jefe de policía con la campaña de la administración contra la inmigración ilegal, Martinez dijo que un mandato ofende otros valores fundamentales.
“A nadie le gusta que lo obligen a hacer algo”, dijo.
Llegar a un acuerdo
A pesar de la vacilación de unirse a las “fuerzas de tarea” de ICE, algunas agencias de la ley, como la oficina del sheriff del condado de Finney, han aceptado apoyar los esfuerzos de deportación pero en menor medida .
El acuerdo 287(G) más limitado que una agencia puede firmar sigue el modelo de Warrant Service Officer (WSO), o Modelo de Oficial de Servicio de Orden de Arresto. Este acuerdo permite a los oficiales capacitados emitir órdenes de arresto civil por inmigración, pero solo para individuos que ya se encuentren en la cárcel por otros cargos.
El ICE tiene entonces 48 horas para recoger a los detenidos una vez que se han resuelto los cargos locales.
Aparte de la Kansas Bureau of Investigation (KBI), los registros de ICE muestran acuerdos del WSO en cuatro condados de Kansas: Jackson y Finney, a partir del 2020; además de Reno y Cowley este año.
El sheriff Darrian Campbell en Hutchinson dijo que inscribió a la oficina del sheriff del condado de Reno en un acuerdo del WSO porque parecía ser la forma menos gravosa de expulsar a las personas sin estatus legal que pasan por su cárcel.
“Hay algunas personas que están aquí, no pasaron por el proceso legal real para ingresar al país, y luego comienzan a cometer delitos”, dijo.
Campbell dijo que solicitaría capacitación para hasta ocho oficiales para que sirvan órdenes administrativas de arresto en nombre de ICE.
“No es mucho más de lo que ya estamos haciendo ahora”, dijo.
Pero Campbell dijo que no consideraría unirse a colaboraciones más involucradas con ICE, por las mismas razones de costos, responsabilidad y confianza comunitaria. Y a partir del 14 de marzo, Campbell dijo que cuatro de los 178 reclusos de su cárcel habían sido identificados por las autoridades federales de inmigración.
Dijo que esa pequeña proporción reflejaba que pocos crímenes en su comunidad provienen de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.
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